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PROMEDIO defiende la gestión supramunicipal para evitar diferencias de precios en el Congreso Ibérico
Viernes 9 septiembre 2016 Agua Potable

PROMEDIO defiende la gestión supramunicipal para evitar diferencias de precios en el Congreso Ibérico


La Diputación de Badajoz, a través del Consorcio de Gestión Medioambiental PROMEDIO, ha defendido el modelo de gestión supramunicipal implantado en la provincia en el IX Congreso Ibérico de Gestión y Planificación del Agua, como herramienta para evitar grandes diferencias de precios en un servicio básico para la ciudadanía.

El congreso se ha celebrado esta semana en el campus de Tarongers de la Universidad de Valencia y contó con la participación activa del gerente del consorcio, Álvaro Jiménez, en una de las presentaciones.

Durante su intervención Jiménez expuso las características generales de PROMEDIO como ente instrumental de la Diputación de Badajoz, que ofrece servicios de abastecimiento de agua en alta y baja y de tratamiento de aguas residuales a más de 220.000 habitantes de sesenta poblaciones. 

PROMEDIO ha trabajado durante más de un año en un profundo estudio del estado del ciclo urbano del agua en los pequeños y medianos municipios de la provincia y en su elaboramos “hemos detectado una importante opacidad y resistencia de los operadores privados para facilitar información básica de los servicios de agua”, asegura el gerente.

En esta línea Jiménez destacó en Valencia las grandes diferencias existentes a nivel provincial sobre el precio que los usuarios abonan por el consumo de agua potable.

“Mientras que en algunas localidades se pagan apenas 30 euros, en otras se superan los 200 euros en el mismo periodo de facturación y con un mismo consumo de agua. Todos los vecinos de los 28 municipios integrados en PROMEDIO pagan lo mismo, una tarifa justa y ajustada, vivan donde vivan; y precisamente se sitúa un poco por debajo de la media entre los extremos citados”, concluyó.

El Congreso Ibérico también ha destacado como conclusión la necesidad de desarrollar una gestión pública participativa de los servicios urbanos de agua, que permitiría a la ciudadanía “garantizar el control efectivo sobre el agua como patrimonio común, recuperar vínculos sociales y culturales con los ecosistemas acuáticos y establecer políticas de democracia local efectiva".

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